Calafell: Renaturalización y riesgo legal para sus vecinos
Calafell está viviendo estos días un intento de transformación de su fachada marítima que, bajo el paraguas de la "renaturalización" y la sostenibilidad, plantea preguntas legítimas que el Ayuntamiento todavía no ha respondido con la claridad que la ciudadanía merece. El proyecto europeo "Dunes Dual" (Dunas Urbanas para la Adaptación del Litoral), cofinanciado por la Unión Europea y liderado por la Universitat de Girona, ha conseguido aportar unos dos mil metros cúbicos de arena recuperada de forma natural en distintos tramos de la playa, pero son sin duda alguna insuficientes si tenemos en cuenta la longitud de la playa: unos cinco kilómetros. Cuestionamos que ese éxito parcial y localizado se use como coartada para extender la deconstrucción del Paseo Marítimo a tramos donde no existe el mismo riesgo estructural que llevó a actuar en la Plaza del Mil·lenari, y sin abrir antes un debate honesto sobre lo que eso puede significar para la seguridad jurídica de cientos de propietarios de primera línea de mar.
Las dunas son defensas eficaces en el caso de playas vírgenes y sistemas abiertos donde el viento y el mar disponen de espacio para retroceder y avanzar libremente. La playa de Calafell, en cambio, es una playa urbana, encajonada entre el mar y una densa primera línea de edificios y comercios. En este escenario pretender que la naturaleza se autorregule al retirar el hormigón es una utopía peligrosa. Hay literatura técnica y algunas experiencias internacionales de renaturalización dunar aplicadas con éxito en contextos urbanos, pero creemos sinceramente que esta técnica no funcionará en nuestra playa. Por ello lanzamos una pregunta muy concreta que el Ayuntamiento debería responder antes de actuar: ¿cuánto espacio real necesita el sistema dunar para estabilizarse en un tramo tan estrecho como el nuestro, y qué ocurre con el paseo peatonal y el acceso a los negocios mientras ese sistema madura? Sin esa respuesta, avanzar a base de retirar tramos de paseo sin un calendario ni un criterio técnico público es, como mínimo, una forma arriesgada de improvisar sobre la marcha.
Hay que reconocer que el derribo parcial de la Plaza del Mil·lenari no fue un capricho municipal: fue una actuación de emergencia ordenada por el Servicio de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica, tras constatar que la estructura corría riesgo real de colapso por el impacto del oleaje, después de que la playa hubiera perdido casi 100 metros de arena en pocas décadas. Nadie discute que, ante un riesgo de derrumbe que puede poner en riesgo la vida de la ciudadanía, hubiera que actuar como se actuó.
Lo que sí es discutible es que el concejal de Ecología Urbana haya dado por hecho, sin fecha ni calendario, que "habrá que hacer" más demoliciones en el resto del Paseo, extrapolando el criterio de emergencia de un punto muy concreto, con daños estructurales importantes, a la totalidad de una infraestructura que da servicio a miles de residentes, comercios y visitantes. Pedimos al Ayuntamiento que, si va a proponer nuevas actuaciones de deconstrucción en otros tramos, lo haga presentando los mismos informes técnicos de riesgo estructural que justificaron la actuación del Mil·lenari, y no como una consecuencia automática de un único precedente puntual.
El riesgo real: la Ley de Costas y la seguridad jurídica de la propiedad
Este es el riesgo real: el impacto de la Ley de Costas sobre la propiedad privada en el caso de modificar el paseo. Esta debería ser la preocupación de los vecinos de Calafell, y no es una hipótesis. En nuestro municipio ya existe un antecedente: un procedimiento administrativo en marcha ahora mismo.
El Servicio Provincial de Costas en Tarragona tiene abierto, en información pública durante 2026, un expediente de rectificación del deslinde de unos 390 metros de costa en el propio puerto de Segur de Calafell (ref. DES01/97/43/0070-DES04/01), en paralelo a otro expediente similar de 300 metros en Altafulla. No hace falta buscar precedentes lejanos.
Conviene explicar cuál es el impacto real. La aprobación de un deslinde no significa la demolición automática de lo que quede dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT): la Ley de Costas reconoce a los propietarios afectados un derecho de compensación, que en la práctica se traduce en una concesión administrativa de hasta 75 años. Lo que sí implica, y aquí radica el problema, es la pérdida de la propiedad plena, la sustitución de un derecho de propiedad por un derecho de uso temporal, y una devaluación del inmueble casi inmediata en el mercado inmobiliario, además de restricciones a la reforma y ampliación de comercios y viviendas. El propio Ministerio evita hablar de "expropiación" y prefiere el término "expropiación constitucional", lo que da idea de lo polémico que resulta jurídicamente este mecanismo. El Senado aprobó en 2026 una moción pidiendo una moratoria de los deslindes en toda España, precisamente por la inseguridad jurídica que genera.
No decimos que retirar un tramo de paseo provoque de forma automática y directa una revisión de deslinde: los desl
indes se revisan por criterios técnicos de dinámica litoral acumulados durante años, no por una sola obra. Pero sí sostenemos que reducir la protección física del frente marítimo y facilitar que la línea de arena avance hacia las fachadas aumenta, a medio plazo, la probabilidad de que ese avance se traduzca en una nueva línea de deslinde más cercana a los edificios. Es un riesgo real, medible y no una fantasía catastrofista.
Lo que ya ha pasado en el Baix Penedès y el Tarragonès
El caso más contundente no está en Calafell, sino a pocos kilómetros: en el Delta del Ebro hay expedientes de revisión de deslinde activos en Amposta, Sant Jaume d'Enveja, La Ràpita y Deltebre, con propietarios que han presentado alegaciones formales denunciando "inseguridad jurídica absoluta" y el propio PP pidiendo en el Congreso y el Senado que se paralicen. Y en Roda de Berà, el Ayuntamiento ha aprobado en 2026 el desmantelamiento del tramo central de su paseo marítimo, con un coste de 1,4 millones de euros, porque venció la concesión que el Estado otorgó a la Generalitat en los años 90. El paseo desaparecerá apenas treinta años después de haberse construido. En Altafulla la revisión del deslinde tras los temporales dejó viviendas consolidadas en una situación de vulnerabilidad jurídica que ha forzado a los vecinos a entablar batallas judiciales masivas. Son ejemplos que demuestran que la retirada de infraestructura litoral, una vez iniciada, genera dinámicas administrativas y económicas difíciles de revertir.
La alternativa: evaluar las diferentes soluciones, sus impactos y sus costes.
El Ayuntamiento parece estar más preocupado por deconstruir patrimonio público que por preservarlo mediante la implantación de diques sumergidos o geotextiles. Existen soluciones intermedias entre el hormigón y la renaturalización total, y creemos que el Ayuntamiento debería estudiarlas con la misma seriedad con la que ha apostado por las dunas. La costa del Languedoc, en Francia, lleva desde 2013 utilizando tubos geotextiles sumergidos frente a la playa del Lido, entre Sète y Marseillan, situados a unos 300-350 metros de la costa: la barrera reduce la energía de las olas antes de que lleguen a la orilla y permite que la arena se sedimente de forma natural, sin necesidad de retirar los paseos existentes. Es una tecnología reversible, de bajo impacto visual una vez sumergida, y sustancialmente más barata que los espigones de roca tradicionales.
Sería injusto, sin embargo, presentar los espigones y diques sumergidos como una solución sin contrapartidas: la ingeniería costera documenta que estas estructuras rígidas, si no se diseñan con cuidado, pueden desplazar la erosión hacia los tramos de costa contiguos en lugar de resolverla, como ha ocurrido en otros litorales. Nuestro argumento no es que la ingeniería dura sea perfecta, sino que, en un tramo tan estrecho y urbanizado como el de Calafell, una solución localizada y reversible puede ser preferible a desmantelar un paseo que protege a miles de residentes y comercios, mientras el sistema dunar termina de demostrar que puede sostenerse por sí solo en un espacio tan limitado.
En esa misma línea, el Maresme lleva años combinando espigones con aportaciones de arena por celdas entre los puertos de Masnou y Premià de Mar, y Torredembarra ha ensayado fórmulas mixtas de protección blanda y gestión de corrientes. Ninguno de estos casos es una solución mágica ni definitiva, pero demuestran que existen más opciones que el binomio "todo hormigón" o "todo dunas" que el debate público en Calafell parece plantear.
Exigimos todos los esfuerzos para salvar el Paseo Marítimo. No debemos olvidar que nuestro paseo es, sino el más largo de toda Catalunya, uno de los más largos. Con algo más de cinco kilómetros de longitud une de forma continuada los diferentes sectores del litoral del municipio: Calafell Playa, la playa de l'Estany y Mas Mel y la Playa de Segur de Calafell.
Qué pedimos
Desde el Grupo Opinión Calafell no pedimos paralizar sin más el proyecto Dunes Dual, que tiene una base científica seria y resultados parciales verificables. Pedimos:
1. Que cualquier nueva actuación de deconstrucción del Paseo Marítimo se justifique con informes técnicos públicos de riesgo estructural equivalentes a los que motivaron aquella actuación, y no como una extensión automática del mismo criterio.
2. Que el Ayuntamiento informe con transparencia a los propietarios de primera línea de mar sobre el expediente de rectificación de deslinde ya abierto en el puerto de Segur de Calafell, y sobre cualquier otro que pueda afectar al municipio en el futuro.
3. Que se estudien con la misma seriedad presupuestaria y técnica alternativas de ingeniería híbrida como son los tubos geotextiles sumergidos o los espigones de bajo impacto antes de seguir retirando tramos de paseo.
4. Que se abra un proceso de participación ciudadana real, con toda la información técnica y jurídica sobre la mesa, antes de tomar decisiones que afectan de forma directa al patrimonio y al futuro de miles de familias y negocios de Calafell.
Calafell merece proteger su litoral y proteger a quienes viven de él y en él. Esa es una de las tareas del Ayuntamiento y debe hacerlo contando con la opinión de la ciudadanía a través de un debate con informes técnicos y con datos verificables, con transparencia y sin atajos.
Grupo Opinión Calafell
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